Fiscal EEUU: No hay lugar para la ley de inmigración de Alabama

BIRMINGHAM, Alabama, EE.UU. (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que es obligación del gobierno federal regular la inmigración y que “no hay lugar” para que algunos estados adopten sus propias leyes sobre el asunto.

El vicefiscal federal William Orrick le pidió a una jueza en Birmingham que bloquee varias cláusulas de la nueva ley de inmigración de Alabama, alegando que entran en conflicto con la ley federal.

Orrick dijo que la ley criminaliza a personas que alquilan viviendas a inmigrantes ilegales y que, en algunos casos, hace que trabajar sea un delito.

Pero un legislador de Alabama dijo en entrevista que la ley se diseñó para proteger los derechos de los ciudadanos.

La jueza de distrito Sharon Blackburn inició el miércoles una audiencia sobre las demandas del gobierno del presidente Barack Obama y otros sectores —organizaciones hispanas, agrupaciones de interés público y líderes religiosos— para bloquear la ley.

También escuchará los argumentos de los abogados del estado que le piden que deje que la ley entre en vigor tal como se planea, el próximo 1 de septiembre.

“No hay lugar para que los estados estén legislando en esta área”, dijo Orrick a Blackburn.

Argumentó además que la ley daña la reputación de Estados Unidos ante otros países.

“Socava la reputación de Estados Unidos en relación a valores norteamericanos como ser acogedor para con los demás”, dijo Orrick. Asimismo criticó una sección de la ley que obliga a las escuelas a reportar la situación migratoria de los estudiantes, una medida que los detractores de la ley dicen hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela.

Tras escuchar los argumentos de Orrick y abogados de otros demandantes, el senador estatal republicano Scott Beason, uno de los legisladores que patrocinó la ley, dijo que no escuchó ninguna discusión acerca de los derechos de los residente legales de Alabama.

Defendió la cláusula que requiere que las escuelas reporten la situación migratoria de los estudiantes, argumentando que la información que se les pediría a los padres “no es diferente a lo que otros padres tienen que entregar. Yo tengo que demostrar dónde nacieron mis hijos”.

La jueza federal deberá determinar si la iniciativa de ley estatal constituye una agresión a las libertades civiles o si protege los empleos de los estadounidenses y defiende las fronteras ante personas que viven ilegalmente en el país.

Tanto defensores como detractores han calificado a la ley del estado como la medida legal más drástica contra la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Los abogados dijeron que no tienen idea cuándo Blackburn dará su veredicto, pero dijeron que no cuenta con mucho tiempo, porque la nueva ley de inmigración entrará en vigencia en una semana.

La medida permite que la Policía, al detener a conductores por infracciones de tránsito de manera rutinaria, arreste a quienes sospeche que viven en el país ilegalmente.

La ley, que tiene cláusulas de amplia interpretación, califica como delito transportar o dar vivienda a un inmigrante que carezca de la debida documentación.

El desafío legal en Alabama ha captado la atención a nivel nacional.

De lo que se trata es ver el alcance que pueda tener Alabama en el control de los inmigrantes que viven en el país ilegalmente. Se han emitido órdenes judiciales para bloquear todas o algunas cláusulas de leyes similares aprobadas en Arizona, Georgia, Indiana y Utah.

Las repercusiones tienen un potencial gran alcance en vista de que los agricultores de Alabama temen que no hallarán trabajadores con salarios al alcance de su bolsillo para cosechar sus cultivos y a las autoridades escolares les preocupa si a los hijos de las familias que residen ilegalmente en el área se les negará el acceso a una educación.

El Centro Pew Hispano calcula que unos 120.000 inmigrantes viven ilegalmente en el estado, muchos de los cuales trabajan en plantaciones, centros avícolas y en la industria de la construcción.

Quienes critican la iniciativa de ley alegan que una de las cláusulas creará largas filas en los tribunales al obligar a los dueños de vehículos a que muestren prueba de su ciudadanía cuando adquieran cédulas de identificación.

Los legisladores que aprobaron la medida afirman que era necesaria porque el gobierno federal ha tenido una política laxa en la aplicación de las leyes de inmigración.

La ley, aprobada por una asamblea legislativa dominada por los republicanos y sancionada por el gobernador republicano Robert Bentley en junio, se parece a iniciativas aprobadas en Arizona y Georgia. Su patrocinador, el representante republicano Micky Hammon, dice que hacen falta leyes que eviten que los servicios del estado beneficien a personas que se encuentran en el país ilegalmente y ayuden a que los empleos sean ocupados por residentes legales en un estado con una tasa de desempleo del 10%.

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